Organizaciones indígenas y Estado: las demandas territoriales en contexto

En la cosmovisión de los pueblos originarios no existe el concepto de “desarrollo” entendido como proceso lineal, con temporalidad progresiva y acumulativa.

En el primer informe oficial sobre conflictos rurales, elaborado por la Subsecretaría de Agricultura de la Nación en 2013, y publicado parcialmente por el periodista Darío Aranda en el Diario Página/121 , se reconoció que existían casi diez millones de hectáreas pertenecientes a casi 65.000 familias campesinas e indígenas que eran pretendidas por empresarios privados o el propio Estado.

_Diana Lenton, Alexis Papazian, Mariano Nagy, Marcelo Musante,
Sandra Tolosa, Luciana Mignoli, Luciano D’Addario, Mariana Videla, Martín Vilariño_

Las superficies en conflicto relevadas en dicho informe equivalen a 455 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando un total de 857 casos, de los cuales 278 corresponden a distintas comunidades indígenas. La mayoría de ellos –en el momento en que se llevó a cabo el relevamiento- tuvieron lugar en el norte del país y en la Patagonia (el NOA concentró la mayor cantidad de conflictos con el 28,2 por ciento, le sigue Patagonia con el 21,1 y el NEA con 19,8 por ciento del total2).

En relación con los conflictos territoriales que han sido relevados en el informe, uno de cada tres involucra a comunidades indígenas, y de éstos, sólo el cuarenta por ciento ha sido objeto de la ley Nº 26.160 de Relevamiento territorial. Esta norma, sancionada en noviembre del año 2006, acumula ya dos prórrogas (una en el año 2009, ley 26.554 y otra en 2013, la 26.894), dados los retrasos en su implementación y ejecución en algunas provincias.

El escenario se presenta complejo y contradictorio. Por un lado, a nivel nacional, se verifica un proceso global de intensificación de la megaminería y los agronegocios que implica el corrimiento de la frontera agrícola y la concentración de la propiedad, y por otro lado, se ha producido un conjunto de normativas que impone el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos originarios y la protección de sus territorios: desde la reforma constitucional de 1994, y la ley 24.071 de 1992 que implicó la aprobación del Convenio 169 de la OIT, hasta las regulaciones específicas aprobadas en los últimos años anteriormente citadas que declaran la emergencia territorial y prohíben los desalojos hasta tanto se finalice el relevamiento, pasando por otras como la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre de 2007.

Las provincias han adoptado también artículos específicos referidos al reconocimiento de derechos de los Pueblos Originarios en sus textos constitucionales, que en general coinciden en sus premisas con la Constitución Nacional –o incluso pueden ser más amplios como en el caso de la Provincia del Chaco-, así como distintas leyes como por ejemplo: la ley 11.078 de Comunidades Aborígenes en la Provincia de Santa Fe y la 4013 de Creación del Registro de Comunidades Indígenas en la Provincia de Chubut, ambas en 1994; la ley 405 de Adjudicación de Tierras a las Comunidades del Pueblo Ona en Tierra del Fuego, en 1998, o la ley 7121 de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta en el año 2000, entre muchas otras3.

Sin embargo, y a contramano de la abundancia de normativas “protectoras” y “reconocedoras”, el proceso mencionado de expansión de la frontera productiva pareciera conformar un límite sistemático a la vigencia de estas leyes.

Aunque el escenario es vasto y complejo, enfocaremos específicamente en tres casos paradigmáticos: Tucumán, Neuquén y Chaco-Formosa. Tucumán conforma el grupo de provincias “viejas” en las que la corona española se relacionó con los pueblos originarios con anterioridad a la conformación del Estado Nación argentino. Neuquén, por el contrario, es parte de los territorios indígenas conquistados por el Estado nacional a partir de la Conquista del Desierto (1878-1885) en el sur, y finalmente las provincias de Chaco y Formosa son parte de los territorios conquistados por el Estado argentino en la “Conquista del Desierto Verde” en el norte. Como veremos, sus orígenes y trayectorias diversas dotan a estos escenarios de ciertas particularidades que integran los factores a considerar en el análisis de las relaciones actuales entre distintos niveles estatales, organizaciones y comunidades indígenas, y diversos frentes del capital4.

Por otra parte, la cobertura mediática de los distintos conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas suele ser escasa y esporádica, y no refleja de modo cabal el fenómeno del avasallamiento sobre territorios de comunidades en distintos puntos del país por parte de sectores privados y estatales, en muchos casos en connivencia entre sí.

Cuando desde los medios se realiza un abordaje de los mismos, se articulan discursos que legitiman un orden social que permite la continuidad de ciertas prácticas dentro de un campo de visión hegemónico, sobre todo en relación a la propiedad de la tierra.

A partir de esto último, podemos observar, por ejemplo, que en algunos medios los discursos racistas/xenófobos en situaciones de conflicto entre el Estado (municipal, provincial o nacional) y las comunidades indígenas en Argentina, se constituyen en un elemento central del proyecto hegemónico que habilita diversas prácticas de inclusión/exclusión, y han derivado en prácticas violentas y represivas en distintas regiones del país.

En este sentido, el movimiento indígena desarrolla sus luchas en una relación dialéctica con la evolución de los distintos conflictos territoriales – generados por el avance de los agronegocios y las distintas industrias extractivistas-, los agentes que intervienen (estatales o privados) y las interpretaciones de dichos conflictos que aparecen ante cada coyuntura.

Un poco de historia.

La Argentina ha construido una narrativa celebratoria del avance estatal en la que a los pueblos indígenas le quedó reservada la extinción o desaparición. En las últimas décadas, esta percepción se ha modificado a partir del propio accionar de los pueblos originarios y sus organizaciones, con el aporte de investigadores y docentes que han realizado pesquisas y expuesto sus avances y resultados en distintos ámbitos académicos y educativos respecto a las consecuencias de las políticas gubernamentales hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, este proceso está aún en ciernes, puesto que todavía perduran imaginarios sobre los indígenas como los que plantean la “extinción” o la “extranjería”, con su corolario de inautenticidad sobre los Pueblos que se manifiestan vivos y vigentes.

A fines del siglo XIX y aún hasta mediados del siglo XX, el Estado argentino implementó una serie de políticas que consistieron en someter, confinar y distribuir a la población indígena en el servicio doméstico, en establecimientos agrarios y en fuerzas de seguridad, y a su vez, producto de medidas espasmódicas y coyunturales, cedió algunas porciones de tierras para determinados caciques y su gente.

Esto, a su vez produjo la dispersión de los pueblos originarios, de manera individual o familiar, que luego dio lugar al reagrupamiento, no necesariamente en sus partes constitutivas, es decir que muchas comunidades se formaron con partes, segmentos o unos pocos integrantes de distintos grupos, mientras se expandían las relaciones capitalistas a los otrora territorios indígenas y se producía la incorporación de estos contingentes de manera subordinada como braceros, peones o trabajadores ocasionales en las estancias5. La subordinación de los indígenas ha implicado entonces un status de subalternidad que presenta claras diferencias respecto de otros modos históricos de incorporación de sectores subalternos al Estado6, y que dejó huellas en los modos posteriores de relacionamiento.

Hasta la década de 1980, es importante resaltar la falta de una política indigenista estatal destinada a perdurar, así como la articulación entre diferentes agencias estatales y agencias privadas, que dependientes entre sí, han consensuado o confrontado según las distintas etapas y coyunturas políticas e ideológicas.

Luego del impulso democratizador producido tras la finalización de la última dictadura cívico-militar, comenzaron a visualizarse una serie de cambios con la aparición de diversos fenómenos que alentaron procesos de organización comunitaria, y visibilizaron gradualmente la cuestión indígena en la arena pública. Se inició entonces un proceso de reconocimiento de la agencia indígena que contribuyó a la sanción de algunas leyes.

Posteriormente, la campaña contra los festejos por el Quinto Centenario del Descubrimiento de América en 1992 que articuló demandas y luchas en distintos puntos del país anticipó algunos de los avances que en los años ’90 se darían en materia de legislación indigenista.

La confrontación con el relato hegemónico era previsible. Si el discurso dominante había impuesto la desaparición del indio como actor social, no podía explicar la reetnización y la comunalización cada vez más evidente. La agencia originaria logró algunos éxitos parciales al fogonear y luchar por la sanción de derechos en un contexto de transformación de los escenarios de lucha en que, como advierte Briones7, los indígenas pasaron de ser objetos a sujetos de derecho, y a su vez también de minorías a pueblos. Se trata de un período señalado como de juridización del derecho indígena, ligado a lo que se comenzó a ver a fines de la década del ’80- como parte de los derechos humanos, aunque con una especificidad propia. Así, Argentina se ha sumado, con la reforma constitucional de 1994 que incorporó los derechos de los pueblos originarios, a la ola de reformas en América Latina que han seguido ese camino. No obstante, la situación de precariedad dominial en la que se encuentran muchas de las tierras que diversas comunidades tradicionalmente han ocupado conlleva gran parte de las demandas indígenas, lo que activa el conflicto (que se visualiza de manera significativa con la sanción de la ley 26.160) con distintos sectores del capital ligado a los agronegocios, el turismo, la megaminería o la explotación de hidrocarburos o, como marcamos en un principio, con el propio Estado.

La coyuntura política de los últimos años, así como los grandes debates internacionales, sirvieron de marco a estrategias diversas asumidas por el movimiento indígena en Argentina, cuya heterogeneidad se manifiesta, por ejemplo, en las organizaciones de segundo y tercer grado que asumen la representatividad de la palabra originaria a nivel nacional. Estas estrategias abarcan un arco que se extiende, por un lado, entre quienes eligen trabajar con y desde el Estado “contra el imperialismo internacional”, coincidiendo en mayor o menor medida con la lectura del problema y sus soluciones emanada de la Presidencia y el INAI (por ejemplo ENOTPO, ONPIA)8, hasta quienes se perciben en oposición a la política indigenista nacional (por ejemplo Consejo Plurinacional Indígena, Bicentenario de los Pueblos)9. Entre estas últimas, la radicalidad de su confrontación varía según el grado de su aceptación o deslegitimación del Estado en función de su rol histórico, y de las decisiones que están dispuestas a asumir dentro de esta estrategia.

No nos detendremos en las organizaciones nacionales, ya que excede el propósito de este artículo enfocado en casos y conflictos locales. Sin embargo, entendemos que es importante expresar que, más allá de las causas rastreables para la aparente imposibilidad de unificación del movimiento indígena, generalmente visualizada y denostada como “división”, la heterogeneidad del discurso, la representatividad subjetiva y las estrategias del movimiento son elementos no del todo negativos. En primer lugar, porque la dispersión responde, junto a otras causas menos nobles, a una larga tradición de soberanía y autodeterminación de las autoridades locales en cada pueblo originario, contraria a cualquier forma de centralización. En segundo lugar siguiendo la advertencia de Briones respecto de la necesidad de distinguir entre heterogeneidad y polarización10, porque esta característica asegura al movimiento la preservación de un espacio de crítica más allá de los eventuales golpes de timón del indigenismo oficial. Y por último, porque es probable aunque debemos esperar aún para ver resultados que la heterogeneidad del movimiento no implique una dispersión proporcional en la respuesta global que el mundo indígena está dando frente a dilemas específicos.

En función de esto, nos interesa enfocar en algunos casos que refieren a conflictos territoriales que atraviesan las comunidades, y a la interlocución que esto plantea entre movimiento indígena, Estado y diferentes agencias.

La Comunidad India de Quilmes en Tucumán: la lucha por los ancestros.

La Comunidad India de Quilmes (CIQ) situada en el sector sur del Valle Calchaquí, provincia de Tucumán, conformada por miembros de catorce comunidades de base11, comenzó a organizarse como tal a fines de la década de 1960. En un primer momento se limitó a asociaciones espontáneas de los entonces campesinos arrenderos, que buscaban frenar los abusos de los terratenientes de la zona, en particular el pago de los cánones de arriendo, yerbaje y las obligaciones de trabajo. En un contexto de profunda crisis provincial, provocada por la desarticulación de la industria azucarera durante el gobierno de Onganía, todos los sectores vinculados a la industria fueron afectados, especialmente los zafreros12. Para la economía de autosubsistencia vallista, el trabajo temporal en la zafra (cuya contratación era mediada por los mismos patrones) constituía un importante complemento.

La decisión de negarse a seguir pagando cánones históricos a los propietarios fue entonces la motivación inicial de una organización inicialmente campesina, que fue paulatinamente reconociendo su origen indígena, fomentado por el contacto con activistas y agrupaciones políticas incipientes en el país. La realización del Primer Parlamento Indígena en los Valles Calchaquíes en 1973 fue un punto importante en la consolidación de la comunidad. Luego, la ejecución del Operativo Independencia entre 1975 y 1977 (Decreto PEN 261/1975) y la dictadura cívico-militar impuesta entre 1976 y 1983 impidieron el desarrollo de las reuniones de la comunidad, que fueron escasas y clandestinas, retomándose con la vuelta a la democracia. A pesar de ello y de la persecución directa sobre algunos dirigentes que incluyeron juicios, encarcelamiento y torturas, la Comunidad se mantuvo firme en sus objetivos; incluso en 1978 se creó el Centro Unión y Progreso de la Zona de Quilmes, con el fin de mensurar las tierras para iniciar juicios de prescripción adquisitiva y lograr títulos individuales . Si bien el plan no prosperó, el Centro se mantuvo, obteniendo durante el Segundo Congreso Indígena realizado en San Miguel de Tucumán en 1984, su primera personería jurídica provincial como Asociación civil14, sustituida en el año 2001 por la otorgada por el ReNaCI (INAI15).

En los últimos años, las acciones políticas de reivindicación territorial que la Comunidad India de Quilmes viene llevando a cabo han producido una serie de respuestas por parte de los agentes del Estado, que incluyen la represión violenta, la manipulación interesada del aparato jurídico a fin de omitir el cumplimiento de leyes nacionales, y la deslegitimación pública de la organización comunal. Hemos planteado en otra oportunidad16 que este conjunto de estrategias producido por el aprovechamiento de la grieta existente entre la instancia de legislación y la de aplicación de la norma, conduce a un desbalance o “inversión” en la pirámide del poder del Estado, en la que los niveles locales a través de su ejercicio directo, condenan al derecho nacional común a una idealidad abstracta e impracticable.

Un aspecto central en la configuración del poder en la provincia es la connivencia histórica entre los poderosos locales terratenientes y privados y el aparato gubernamental, que se manifiesta incluso en el uso de estrategias similares respecto de los reclamos de la comunidad. Uno de los hechos paradigmáticos surgidos de esta relación fue la entrega por el gobernador Ramón Ortega al empresario Héctor Cruz, del manejo del sitio arqueológico de Quilmes, en condiciones irrisorias de contratación y usufructo17.

Sin embargo, el avance legislativo nacional en materia indígena ha otorgado un marco dentro del cual la comunidad ha desarrollado competencias en la formulación de pedidos al Estado, de acuerdo a los lineamientos legales y los formatos burocráticos planteados por éste. Este espíritu respetuoso evidenciado en el cumplimiento de las formalidades para su reconocimiento como comunidad, por ejemplo se tradujo en el pedido de restitución del sitio por vía legal, una vez finalizado el convenio con el empresario Cruz en el año 2002.

Las dos peticiones del amparo presentado por la CIQ ese mismo año fueron negadas por la sentencia judicial, dejando abierto el espacio a la manipulación posterior del gobierno provincial. En primer lugar, se declaró abstracto el pedido de no ampliación de la concesión hacia Cruz, por habérselo negado ya el mismo Ente de Turismo. Por otro lado, la restitución fue declarada “inadmisible de resolver” en la causa, y sólo se previno al Poder Ejecutivo de “dar participación a la CIQ en aquellos trámites administrativos relativos a las Ruinas de Quilmes que puedan incidir en su esfera de intereses”18, lo que permitió la discrecionalidad respecto de los parámetros para medir dicha incidencia. Esto trajo como consecuencia la permanencia del empresario en su gestión hasta diciembre de 200719, a pesar de las continuas peticiones de la CIQ en distintas instancias judiciales y de la orden de desalojo librada por la Fiscalía, nunca concretada20. Por otro lado, la negativa de restitución definitiva y ratificada, luego de años de alargamiento de los procesos, fue el “empujón” hacia la recuperación del sitio. Hay que destacar, sin embargo, que la misma no resultó de una acción impulsiva, sino que fue el resultado del agotamiento de un largo proceso de pedidos formales al gobierno, por la vía jurídica y de acuerdo a la legislación vigente.

La Asamblea permanente declarada el 28 de noviembre de 2007 permitió debatir las diferentes posibilidades de acción a seguir y acercar posiciones entre quienes proponían soluciones más conciliadoras y quienes planteaban la recuperación de hecho. El 9 de enero de 2008, ante la declaración del Vicepresidente del Ente Tucumán Turismo de que no se daría participación a las comunidades indígenas en el manejo del sitio en el futuro, y el planteo de la necesidad de llamar a una nueva licitación para la administración del complejo21, la CIQ decidió efectivizar la posesión del predio. En forma conjunta, con la presencia permanente de los delegados de base y de una gran cantidad de comuneros, la comunidad ocupó pacíficamente el sitio “Ruinas de Quilmes”, redenominándolo “Ciudad Sagrada de los Quilmes”. Desde ese momento tomó a su cargo el manejo del sitio arqueológico y la recepción de los turistas, mientras que las estructuras edilicias del museo, del bar y del hotel, quedaron en manos de la justicia.

A partir de allí, el Estado provincial buscó las formas de convertir la reapropiación del sitio en un acto punible, para lo cual la ley 26.160 planteaba un límite concreto. El “atajo” legal utilizado fue una causa penal por usurpación, iniciada por la Fiscalía de Instrucción Penal de Monteros sobre el Cacique Francisco Chaile, con una celeridad inédita si se tiene en cuenta la usurpación de Cruz por seis años consecutivos. La utilización de causas penales sobre personas físicas con el fin de omitir la ley 26.160 se repitió en varias oportunidades, utilizando para ello estrategias de coerción de las fuerzas policiales para “sacar nombres”, “armado” de causas y pruebas falsas. Estos procesos, conducentes al amedrentamiento, al desgaste y a la criminalización de la protesta, produjeron además altos costos económicos y personales.

Por otro lado, la anuencia entre el poder judicial tucumano y los intereses de los propietarios privados locales se evidenció en la recuperación de tierras en Colalao del Valle a fines del 2008, cuyos títulos de propiedad detentaría la presidenta de la sociedad civil “Comunidad Aráoz Hermanos”, que según los comuneros, agrupa históricamente a los terratenientes de la zona. La eficacia con la que actuó la justicia tucumana en este caso fue ejemplar. Los tres desalojos articulados por el Juez de Paz Adolfo Salazar con aval del Juez Civil Juan Carlos Peral22 se caracterizaron por las importantes violaciones procedimentales23 y la excesiva violencia, que tuvo como saldo detenciones, destrucción total de las edificaciones y los bienes de las familias, y heridos de distinta gravedad24.

En el caso de las tierras de Colalao se logró finalmente en 2011 la aplicación de la ley 26.160 para el caso25. Hay que reconocer aquí la importancia que tuvo para las muchas causas iniciadas contra la Comunidad y sus integrantes contar con una representación legal organizada26. También hay que considerar que la larga trayectoria de la CIQ, sus relaciones con organismos y su visibilidad pública en la prensa local y con el turismo son factores que colaboran con el apoyo público y plantean un cierto límite al ejercicio de la violencia estatal y paraestatal. Sin embargo, estos aspectos no siempre son accesibles para todas las comunidades indígenas.

Volviendo a la Ciudad Sagrada, las acciones legales iniciadas por el gobierno más intimidatorias que efectivas fueron complementadas por propuestas de negociación para el co-manejo del sitio, que por falta de consenso sobre las condiciones del convenio produjeron sucesivas dilaciones en la firma del acuerdo. Interesa destacar que la contracara menos amigable de la negociación fueron los mecanismos de presión invisibles que la acompañaron. En efecto, el proyecto de corte empresarial y las promesas de mejoras económicas para los comuneros, en una zona con muchas carencias, comenzaron a producir tensiones, entre los sectores que preferían pactar con el Ente y los que no. Por otro lado, la ausencia de apoyo profesional en lo que respecta al manejo económico del sitio, produjo una serie de problemas respecto de la administración del dinero ingresante, y el consiguiente crecimiento de suspicacias.

No es casual que las presiones “internas” hayan definido un acercamiento de la CIQ hacia la propuesta del Ente, y que luego de ello un sector “opositor” de la comunidad, liderado por Santiago Santos, ocupara el sitio arqueológico, haciéndose cargo de su administración y desconociendo la figura del Cacique Chaile27, elegido por la mayoría y ratificado en varias instancias asamblearias. A pesar del aval de la justicia al recurso de amparo presentado por la CIQ, la ausencia de apoyo de la fuerza pública permitió que el sitio fuera tomado nuevamente por los opositores, cuya “desobediencia judicial” sigue sin una definición por parte de la justicia28, aún después de repetidas situaciones de violencia sucedidas hasta la fecha. Las sospechas del Cacique sobre la participación oculta del empresario Héctor Cruz coinciden con los recurrentes reclamos de éste a la justicia, en base a supuestos derechos intelectuales sobre el diseño de las construcciones en el sitio. Por otro lado, el Ente de Turismo se mantiene al margen, hasta que el conflicto se resuelva.

Más allá de las argumentaciones de los diferentes sectores para sostener su razón para el manejo del sitio, la violencia de la ruptura plantea una serie de efectos complejos. En primer lugar, la confrontación entre miembros de la misma comunidad, en muchos casos parientes, horada los lazos sociales y solidarios que están en la base misma de la estructura comunitaria. En segundo lugar, el motivo del conflicto es funcional a las acusaciones sobre el “interés de obtener beneficios económicos” de los “pseudoindigenistas”, tal como expresaron repetidamente los propietarios de la zona29 y el mismo Santos sobre Chaile y quienes lo apoyan en diferentes notas publicadas por el sitio web www.pueblooriginario.com.ar. La desacreditación de una Comunidad con cuarenta años de historia no es ingenua, si se tiene en cuenta cómo ésta, junto con la de Amaicha, sumadas a la articulación de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, han influido positivamente en los procesos de autorreconocimiento y organización comunal en la provincia de Tucumán durante los últimos años.

Neuquén, territorios y sentidos en disputa.

De las jóvenes provincias sureñas, Neuquén se puede identificar como una de las primeras que reconoció a diversas comunidades, asociadas a una fracción determinada de territorio. Ya la Constitución Provincial de 1957 menciona: “Serán mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica, propendiendo a su capacitación y la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho” (Art. 239º Constitución de Neuquén). Estas “buenas intenciones” se extienden explícita e implícitamente en aspectos que son parte del devenir conflictivo con los mapuche. Ya sea, la ampliación territorial de las comunidades algo que no ha sido política de Estado, sino todo lo contrario, como la imposición de una lógica “racional” léase capitalista para evaluar las formas de producción desarrolladas en sus territorios elemento “discriminatorio” pues coloca a los indígenas en una inferioridad de origen. Además, la segregación de hecho aludida en el texto constitucional no es atribuible a la sociedad no mapuche sino a la falta de capacitación y las malas condiciones de vida de los indígenas.

Volviendo a las políticas indigenistas, la provincia reconoció, en 1964, un total de 18 “Agrupaciones”30. En junio de 1970 se organizó la Confederación Indígena Neuquina (hoy Confederación Mapuche Neuquina). La CMN (ligada en sus orígenes a la iglesia y al MPN partido de gobierno) buscó ser un elemento aglutinador de diferentes comunidades de la provincia, a la par que articulaba y canalizaba espacios de consenso entre el Estado y las comunidades. Recién a mediados de los ’90, tras un cambio en su dirigencia, la CMN generó una mayor autonomía en los reclamos y se definió como un motor de lucha contrario a los intereses estatales y privados.

Tras más de medio siglo, se estiman en más de 50 las comunidades reconocidas (por el Estado neuquino y/o por el INAI31). A este número se le debe sumar una cantidad cambiante de comunidades que no poseen reconocimiento estatal.

La política “reconocedora” se comprende dentro de un entramado de relaciones clientelares y asistencialistas, lo cual obtura la resolución de problemas de fondo como el acceso al territorio y el reconocimiento de prácticas mapuche32. Los reconocimientos, sin ordenamiento territorial, tensionan al espacio comunitario que ante el avance de privados y/o proyectos estatales, responden con estrategias de lucha, reclamos y recuperaciones territoriales.

A partir de esta breve introducción, nos gustaría hacer mención a algunos conflictos territoriales que bien pueden ilustrar la situación compleja de los mapuche en Neuquén.

La “tierra de encuentro”33empetrolada.

Si bien, como sostuvimos más arriba, la provincia encaró tempranamente acciones legales –y también, prácticas en terreno- de reconocimiento e integración de las comunidades mapuche, esta modalidad no se distribuyó por el territorio en forma uniforme. Los decretos de reconocimiento de Agrupaciones y las mensuras de sus territorios se dirigieron preferentemente a las comunidades de la zona cordillerana y de las áreas de influencia de Zapala, Aluminé, Loncopué y Junín y San Martín de los Andes. Al Norte y especialmente al Este, es decir en los alrededores de Cutral Có y en la Confluencia, la provincia no sólo no extendió reconocimientos tempranos sino que en las últimas décadas se negó a concederlos aún ante sostenidos reclamos de las comunidades interesadas, en localizaciones coincidentes con la extensión geográfica de la actividad minera y petrolera. Más aún, el reconocimiento de ciertas comunidades en esta zona por parte de la Nación (ReNaCi) provocó una intensa reacción en contrario por parte de la provincia34, originando un conflicto jurisdiccional que sólo muy recientemente ha comenzado a resolverse.

La llamada Zona Centro neuquina es el escenario de conflictos de larga data entre poblaciones locales y especialmente, comunidades mapuche, con industrias extractivas mineras (especialmente minerales para la industria de la construcción) e hidrocarburíferas (gas y petróleo). Estas empresas actúan amparadas por una legislación complaciente, reciben concesiones a muy largo plazo, y aprovechan a menudo sus privilegios para incidir sobre la población superficiaria, comprando voluntades, dividiendo y fraccionando a las comunidades, enfrentando y desautorizando a sus autoridades tradicionales.

Las comunidades se han expresado numerosas veces sobre este problema, acusando al Estado de ser el primer responsable de los conflictos, ya que al realizar concesiones sobre el territorio mapuche, brindando garantías jurídicas a las empresas, desconoce los derechos constitucionales de los pueblos originarios y los deberes acordados de consulta previa. Más aún, el Estado con sus acciones en este terreno ha venido desconociendo el derecho indígena en general, ya que deja sin garantías a los pueblos originarios, tal como sucede con la política de promoción de industrias extractivas en otros puntos del país. La oposición a los diferentes proyectos de explotación tiene como resultado represión, desalojos, persecución política y procesamiento judicial, y muy rara vez la reparación y la justicia para las víctimas de este desconocimiento.

El conflicto ha pasado por momentos de extrema gravedad, con desbordes de violencia que han involucrado heridos en los pobladores mapuche, procesos de difamación y “caza de brujas” de sus dirigentes, destrucción de sus propiedades, detenciones arbitrarias y procesos judiciales especialmente dirigidos a los indígenas. Los resultados de esta política de hostigamiento son la desmovilización política, el desgaste personal, el abandono de los terrenos, el empobrecimiento económico, y particularmente en los niños, la imposibilidad de crecer en ambientes sociales armónicos y con acceso debido a la salud y la educación.

En este contexto, la resistencia de las comunidades se ha dado a través de distintos canales. En general, los Lof de la comarca petrolera están representados en el Consejo Zonal Centro ( Ragin Kimun ) de la Confederación Mapuche Neuquina, y en los últimos años, también en el Consejo Zonal Confluencia ( Xawvnko ). La CMN sostiene un claro discurso opositor al régimen extractivista tanto a nivel nacional como local, que se verifica asimismo en sus alianzas estratégicas con organizaciones y federaciones de otros pueblos que comparten la misma postura. De hecho, el Consejo Zonal Xawvnko se delimitó recientemente al interior de la CMN con el objetivo de encauzar más intensamente las acciones contra el avance de la industria petrolera, a partir del desembarco de la reestatizada YPF en el área de Vaca Muerta.

Sin embargo, la dinámica de la política nacional y provincial, y especialmente del kirchnerismo en su carácter de catalizador y modelizador de discursos y símbolos de la lucha por los derechos humanos, generó rupturas y cicatrices irreparables al interior del movimiento indígena de todo el país, y específicamente, de la organización y las comunidades mapuche. Con la Confederación dividida, con demasiados frentes abiertos y escasos recursos, y por otra parte con las comunidades devastadas por el hostigamiento judicial y (para)policial y por las dudas sobre el rol de sus autoridades y de la CMN en estas encrucijadas, la resistencia mapuche se transforma en un imprevisible caleidoscopio de posibilidades de reacción a la violencia que va desde las más heroicas formas de coherencia histórica y apego al territorio, hasta el apoyo acrítico a cualquier iniciativa estatal en nombre de la defensa del modelo sociocultural y económico oficialista.

En esta dramática coyuntura, los conflictos particulares se agudizan y los sectores empresarios y terratenientes ganan terreno. Sólo por tomar un caso, en el del Lof Winkul Newen la superposición de causas judiciales, incursiones violentas en su territorio, intentos de desalojo y agresiones físicas hace difícil imaginar un final exento de mayores violencias. Esta comunidad, de conformación relativamente reciente pero de antigua presencia familiar en el territorio y de extensa trayectoria de sus dirigentes en las luchas de la zona35, viene de superar encarcelamientos y el sometimiento a infinidad de presentaciones administrativas, judiciales y policiales a raíz de sus acciones de obstaculización de la explotación petrolera en su territorio de invernada, cercano a Cutral Co, así como de sus acciones de recuperación territorial en los territorios cordilleranos de veranada. Sin embargo, su coherencia ideológica y su enorme capacidad de trabajo han dado algunos frutos positivos y le han permitido fortalecerse como comunidad y como familia dentro del marco cultural y político mapuche.

En estos momentos, algunos dirigentes de esta comunidad, así como de la vecina Wiñoy Folil, enfrentan el proceso judicial tal vez más insidioso de los que sufrieron hasta la fecha, ya que sobre ellos pende una acusación de homicidio en grado de tentativa que intenta nuevamente llevarlos a prisión. En la acusación se han asociado tanto personajes ligados a la empresa petrolera Apache, que opera en el territorio de invernada, como aquellos ligados a los terratenientes cordilleranos, en conflicto con la misma comunidad por sus territorios de veranada36. Este proceso judicial ha dividido a la sociedad neuquina y ha generado la polarización entre, por un lado, las organizaciones de derechos humanos (SERPAJ, APDH, etc.) que así como el Obispado de Neuquén, se han manifestado claramente en defensa de la comunidad, y por el otro, un emergente sector ultramontano que, utilizando los medios de comunicación masivos y los estrados judiciales, reniega de todos los avances en términos de reconocimiento y respeto por la diversidad alcanzados por la provincia desde su fundación37.

Y en las veranadas…

Así como las prácticas extractivas de hidrocarburos (y su relación con el poder político-judicial) impiden las prácticas tradicionales de comunidades y familias mapuche, también otras dinámicas “productivas” tienden a destruir lazos culturales, económicos y sociales construidos en el territorio a lo largo de muchas generaciones. Conviene, a nuestros fines, aclarar que lo que continúa es sólo el análisis de una situación particular que, sin embargo, involucró a buena parte de las comunidades que llevan adelante la veranada en la región cordillerana del Departamento de Aluminé.

La Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo surgió en 2006 como una escisión de la Comunidad Wiñoy Folil, con la que compartían territorio de invernada en la Zona Centro de la provincia. La división de Wiñoy Folil, consensuada internamente, se vincula con el uso de los Maliqueo del territorio de veranada38 en el paraje Paso del Arco (Villa Pehuenia, Depto. Aluminé). Desde hace varios años, buena parte del Departamento de Aluminé ha sido “invadido” por emprendimientos monoforestales y turísticos, complicando gravemente el establecimiento de las familias durante el verano, y con ello su práctica tradicional de crianceros trashumantes.

Es en la veranada donde las memorias y los afectos dan forma a la actual comunidad39. El afecto es fundamental, pues dimensiona las prácticas y experiencias que constituyen a la comunidad y sus lugares, a la vez que es condicionado por estructuras histórico-políticas40. Los antepasados de las familias Maliqueo escaparon durante la conquista. Así lo referencia su lonko que cuenta que “…se fueron para Chile, ahí cuando ellos vieron que pasó la guerra se vinieron de vuelta y dejaron hijos allá en Chile41…”.Además, las memorias familiares ligan el origen de la comunidad en la veranada, lugar donde se conformaban las familias. Dicha información fue reafirmada a partir de documentos de la Dirección Provincial de Tierras de la Provincia de Neuquén fechadas en 192842.

Paralelamente, las “guías de veranada43“ que las familias mapuche peticionaban actuaron como formas de territorialización. Es decir, los Maliqueo percibían a estas “guías” como documentos por los cuales se legitimaba su acceso al territorio. A la inversa, el Estado coloca a las guías en el lugar de documento precario, con fecha de inicio y fin. Por otro lado, cabe observar cómo el mismo camino entre la invernada y la veranada es pensado y experimentado como parte del territorio. Estos “caminos” serán modificados con la aparición de alambrados, rutas y nuevas propiedades que impedirán el libre acceso al territorio. Un momento importante en este proceso es el de la aparición de Francisco Whitworth como dueño de la Estancia la Nevada. Con él se inaugura la llegada del alambrado y los despojos44. Tras la muerte de Whitworth (1946) y su mujer (1979), la estancia quedó sin herederos declarados45. El entonces Juez federal de la dictadura Pedro Laurentino Duarte, junto a un socio, logran obtener la “propiedad” de la estancia a partir de una posesión poco clara. Años después La Nevada pasará sólo a manos de Duarte. El nuevo “propietario” comenzó paulatinamente a avanzar con los alambrados sobre aquellas tierras que eran utilizadas por las familias veranadoras (no sólo de los Tuwun Kupalmeo Maliqueo, sino también de las comunidades Puel y Catalán), saltando la línea divisoria de la Ruta Nº 13 que oficiaba de límite entre la Estancia y el territorio de veranada46.

Es a partir de estas pérdidas que la comunidad comienza a pensarse desde la veranada. En ese “pensarse en la veranada” la participación de los jóvenes Maliqueo fue fundamental para llevar adelante las recuperaciones y para tomar conciencia de su situación e identidad mapuche. Este proceso relativamente rápido y aún abierto, incluyó encuentros en la veranada con miembros de comunidades vecinas (ya organizadas), además de talleres organizados por estas comunidades y con la inclusión de la CMN en un contexto de recuperación territorial que se dio en el verano de 2008-2009. Esta situación permitió articular las experiencias personales y familiares con la historia del despojo mapuche. En este sentido, los jóvenes comenzaron a recuperar el territorio y, sobre todo, las experiencias de sus mayores. Dentro de esta recuperación simbólico-material, un espacio importante fue el elwun (cementerio mapuche) emplazado a la vera de la ruta provincial N° 13. Los relatos de los miembros de la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo y Puel señalan el uso reciente del cementerio mapuche. De hecho los miembros de las familias Ranileo, Antipán, Maliqueo y Puel son los que más recuerdan familiares enterrados en él. Más aún, una prospección arqueológica recogió evidencias de la utilización mucho más antigua del sitio. Lo que quedó del cementerio, luego de décadas de huaqueo, pasó a manos de Pedro Duarte, quien plantó pino ponderosa sobre los enterramientos. Durante el proceso de recuperación, se pudo observar una revalorización afectiva y estratégica por parte de las comunidades que corrieron los alambrados e ingresaron a la zona tomada por Duarte. No fue casual que las comunidades recuperaran y construyeran sus puestos en cercanías del cementerio y de la ruta.

Duarte inició un proceso judicial que incluía a los Maliqueo y a las demás comunidades y organizaciones partícipes y/o solidarias de la recuperación. El 20 de abril de 2009, ya casi finalizando el periodo de veranada, se hace presente en el territorio recuperado la Jueza del Juzgado Civil de la ciudad de Zapala junto a miembros del destacamento policial de Zapala y de Villa Pehuenia, acompañados por Duarte. El objetivo: hacer cumplir un interdicto de recobrar47. En aquel lugar se encontraron con la mujer del lonko, de 70 años, a quien con violencia expulsaron del puesto48. Ingresar al campo judicial significó para los integrantes de la comunidad transitar por un conjunto de trámites en los cuales tendrían que empezar por probar que son mapuche. Esta situación implicó un desgaste con otras comunidades cercanas y con la CMN y los enfrentó de forma directa al poder local, encarnado en la figura de Pedro Duarte49.

Los Maliqueo no volvieron a recuperar el territorio. Estos desencuentros y la percepción transitoria de no poder desarrollar una movilización de manera autónoma no significaron un abandono de la lucha. Las familias pusieron su energía en la obtención de la Personería Jurídica, un pedido que ya habían iniciado en 2007 y que volvía a tomar fuerza. Fue así que comenzaron las “notas” al INAI. El resultado fue ausencia de respuestas y pedidos de más requisitos. En otras palabras, dilatar y jugar con los tiempos políticos en los que una alianza Provincia-Nación se volvía más importante que reconocer a una comunidad Mapuche. Durante el mes de junio de 2013, y ante la falta de repuesta, más de quince miembros de la comunidad viajaron a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo era obtener su personería jurídica. El lunes 24 de junio ingresaron a las oficinas del INAI en el barrio de Once. Se iniciaba una toma pacífica que duraría más de dos semanas. Nos interesa destacar los intentos de negociación infructuosos, la negativa constante del INAI sobre el otorgamiento de la personería y la hostilidad hacia los Maliqueo cuando éstos decidieron quedarse dentro de las oficinas. El viernes 28 de junio la situación se agravó, pues desde la comisaría local se pidió el abandono del edificio de toda persona no miembro de la comunidad. Fuera del INAI comenzaron a surgir solidaridades: de la APDH, Madres Línea Fundadora y el SERPAJ, además de particulares que intentaban visibilizar el atropello y el mal trato recibido.

Finalmente, mediante la intervención de la Senadora Nacional Nancy Parrilli, se logró destrabar el conflicto, a través de una mesa de diálogo en su despacho en la cual se convocó a la Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social y a la comunidad, con la participación de referentes de DDHH de Buenos Aires, que actuaron como garantes. Luego de dos días, se llegó a firmar un Acta Acuerdo que estableció un plan de trabajo para avanzar en la gestión de la inscripción jurídica de la comunidad en la provincia del Neuquén, y posteriormente su registro en el ReNaCI. Si bien los plazos no fueron respetados, la comunidad continuó presionando a los fines de obtener la personería, situación que llegó a buen puerto hacia comienzos de 2015.

Chaco y Formosa: El orden de los factores no altera el producto

En este apartado plantearemos brevemente cuatro ejemplos de las diversas maneras en que las comunidades indígenas son hostigadas por una variedad de agencias estatales y/o privadas en Chaco y Formosa50.

Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, Formosa) el ejercicio de la represión es concreto, abierto y brutal, mientras que en otros como en Pampa del Veinte (Formosa) o Pampa del Indio (Chaco), los podríamos definir como conflictos de “baja intensidad” que se llevan adelante por medio de constantes amenazas de desalojo que (si bien no siempre se hacen efectivas) lo que se proponen es desgastar a las familias indígenas. Estos tipos de amenaza suelen estar asociados a la detención de los referentes indígenas en repetidas ocasiones, con el objetivo de generarles causas judiciales. Otros casos, como el de Penqolé (Formosa) tienen que ver con el hostigamiento constante de fuerzas de seguridad, como la Gendarmería nacional, cuyos miembros “visitan” sistemáticamente los territorios con el objetivo de “persuadir” a las familias indígenas de que abandonen las tierras y se establezcan en otro lugar.

En los cuatro casos se podrá ver que las formas de resolución de los conflictos no se dan de una única manera sino que, por el contrario, en muchos casos la amenaza judicial, policial o la represión efectiva se articulan como respuesta estatal o paraestatal con distintos niveles de preeminencia de unas sobre otras.
En todos los casos, la falta de entrega de títulos comunitarios de propiedad deja a las poblaciones indígenas en una situación de extrema fragilidad.

Pampa del Indio

Como se menciona en un documento elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA51) en relación a la aplicación de la ya mencionada Ley 26.160, en marzo de 2010 la familia qom Adriani-Berdún fue desalojada, sin notificación previa, de tierras en las que viven desde hace más de cincuenta años52.

Del procedimiento de desalojo –que se realizó en forma violenta y generó daños materiales- participó el comisario Luis Alberto Romero junto a una veintena de policías, por orden de la fiscal Gladys Acosta de Scarel, titular de la Fiscalía N°2 del Juzgado de General San Martín, Chaco. Aunque los hermanos Adriani-Berdún se resistieron pacíficamente, fueron esposados, trasladados a la comisaría local y recién fueron liberados ante la acción de tres organizaciones de la zona: la Comisión Zonal de Tierras, la Unión Campesina (UC) y la Asociación Civil Cacique Taigoyic. En abril, fueron citados a una declaración indagatoria como imputados del delito de usurpación.

En octubre del mismo año, la familia indígena Adriani-Berdún recibió la inesperada visita de la fiscal Scarel acompañada por más de cuarenta policías. Nuevamente, el violento desalojo –en el que quemaron la casa de la familia- se dio sin previo aviso.

A los pocos días, ocupantes de un automóvil no identificado secuestraron a Sixto Berdún cuando caminaba por el pueblo de Pampa del Indio. Ante la alarma de familiares y testigos, representantes de las organizaciones indígenas y campesinas se dirigieron a la comisaría de la localidad donde las autoridades manifestaron desconocer el caso. Luego se supo que Berdún había sido llevado a la Alcaldía de la localidad de Gral. San Martín, sin haber dejado registro en la comisaría de Pampa del Indio y sin que mediara notificación alguna. Al día siguiente, su hermano Alcides Berdún intentó visitarlo, y también quedó detenido. Además del delito de usurpación, ambos fueron acusados de coacción agravada y resistencia a la autoridad53.

Pero la puesta en libertad –que nuevamente se dio gracias a la presión de las organizaciones sociales- no tuvo como contraparte ni la reparación de los daños ni la nulidad de la acción judicial. Al no regularizarse la titularización de la tierra solicitada por la familia, la amenaza de desalojo continúa funcionando como instrumento de presión.

Esta práctica de encierro y suma de causas judiciales sobre dirigentes indígenas se repite de modo constante en Pampa del Indio. A principios de 2014 también fueron detenidos siete dirigentes indígenas en una marcha por agua, alimentos y viviendas.

Pampa del Veinte

Las tierras que se encuentran actualmente en litigio en Pampa del Veinte (zona cercana a la localidad de Las Lomitas, Formosa) formaron parte de la Reducción estatal para indígenas Francisco Muñíz, creada en 1935.

Dicha Reducción tuvo como objetivo el disciplinamiento y control de las comunidades wichies de la zona, que eran trasladadas tras haber sido explotadas en los trabajos de las construcciones del ferrocarril y en ingenios de la zona54. Originalmente, la parte correspondiente a Pampa del Veinte eran unas diez mil hectáreas, de las que actualmente sólo quedan 500 en posesión indígena (no titularizada).

En 2012 Carmen Chávez, esposa de Ramón Juárez, un conocido abogado de la zona, inició una demanda por usurpación e instigación a cometer delitos a los dirigentes wichi Abel Saravia y Silverio Moreno. A partir de eso, se repitieron amenazas, que incluyeron el efectivo desalojo de quince familias a instancias del propio abogado Juárez.

En octubre de 2014 se produjo la última orden judicial que llegó a la comunidad de Pampa del Veinte, en el que se daba por aviso que las fuerzas de seguridad formoseñas procederían al desalojo. Tras una intensa campaña de difusión por parte de los dirigentes indígenas de la situación en la que se encontraban, el desalojo no se concretó, pero las amenazas continúan en pie.

Penqolé

En 1947 en La Bomba, un paraje también cercano a Las Lomitas (Formosa), se llevó a cabo la masacre y asesinato de cientos de pilaga55 . En esa zona, donde ocurrió la matanza, se encuentra la Comunidad Penqolé 29 de abril, y para muchos de sus habitantes, la masacre y el terror son un recuerdo que se actualiza en el presente.

La comunidad de Penqolé 29 de Abril forma parte de la Federación Pilagá, y esas tierras son un espacio recuperado en 2010 que linda con campos del Escuadrón Nº18 “Las Lomitas” de Gendarmería Nacional, la misma fuerza que participó en aquella matanza.

En octubre de 2010, personal de Gendarmería ingresó violentamente a Penqolé con un camión Unimog, con el objetivo de desalojar a las familias.

La tensión entre la gendarmería y la comunidad de Penqolé es constante. Repetidas veces los gendarmes del Escuadrón Nº18 ingresan sin permiso para presionar a las familias pilagá para que desalojen las tierras56. Mientras tanto, las tierras recuperadas continúan sin ser reconocidas por el estado provincial y las amenazas de desalojo se siguen repitiendo.

*Potae Napocna Navogoh *

El caso de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, conocida como La Primavera, difiere de los anteriores en el modo abierto de represión. Sin embargo, la visibilidad que adquirió ese hecho represivo funciona como modo de presión y terror en otros casos de Formosa donde se amenaza a las comunidades con que les va a pasar “lo de La Primavera”.

El conflicto territorial es más extenso en el tiempo e involucra a diversas agencias estatales que incluyen al Estado nacional, provincial, Parques nacionales, la Universidad Nacional de Formosa y criollos de la zona57.

El conflicto adquirió relevancia pública tras el violento desalojo del 23 de noviembre de 2010 por parte de la policía provincial, que terminó con el asesinato del qom Roberto López. Al día siguiente, Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, murió tras ser atropellado por un policía58.

La familia criolla de apellido Celia fue la que denunció a la comunidad qom por el delito de usurpación. Esto motivó una salvaje represión de la que participaron varias comisarías de la zona, y que además de las muertes mencionadas incluyó la quema de casas y enseres de las familias indígenas y la detención de varios miembros de la comunidad.

La negativa del gobierno nacional a recibir a Félix Díaz59, referente de la comunidad, para tratar el caso, y su público apoyo al gobernador formoseño Gildo Insfrán, llevó a un acampe que incluyó una huelga de hambre en una plazoleta de Av. de Mayo y 9 de julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se investigue lo ocurrido. El acampe duró cinco meses y los dirigentes de la comunidad La Primavera nunca fueron recibidos. Oportunamente se denunció el empleo de amenazas y coacciones físicas para obligar al levantamiento del acampe y el retorno de los manifestantes a Formosa.

En los años siguientes las amenazas y actos de violencia física contra personas de la comunidad se repitieron. Esto llevó a que en febrero de 2015, dirigentes de La Primavera hayan comenzado un nuevo acampe en el mismo lugar, incluyendo cortes temporales de la Avenida 9 de julio – la principal arteria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, que persisten al momento de escribir este artículo. Dicha protesta excede la demanda por el caso de la Comunidad Potae Napocna Navogoh y agrupa a comunidades qom, pilagá, wichi y nivaclé, organizadas en un colectivo denominado QoPiWiNi, que reclaman por los atropellos que sufren por parte del gobierno formoseño.

De las campañas militares a los desmontes y desalojos

Estos cuatro ejemplos planteados –que no son aislados ni poco frecuentes- provienen de dos provincias, con especial incidencia en Formosa, donde existe un alto nivel de conflictividad social, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones territoriales y más aún cuando se ven involucradas comunidades indígenas.

La actual situación de la región chaqueña se debe pensar en el marco de un proceso social que tiene su origen en la forma violenta de despojo territorial y avance sobre los cuerpos indígenas en que se llevó a cabo la conquista militar.
Estas campañas comenzaron en la década de 1860, se sistematizaron a partir de 1884 y recién encontraron la finalización de las avanzadas punitivas en 1938. En forma contemporánea, en las primeras décadas del siglo XX se implementó en la región un modelo agropecuario basado en la explotación de la madera, la producción del algodón y una fuerte transferencia de la tenencia de la tierra desde el ámbito fiscal al privado. La expansión capitalista en la región, en el marco de esas campañas militares y la privatización del territorio, se tradujo entonces en que los sujetos indígenas sobrevivientes fueran incorporados de manera forzada, precaria y violenta a los obrajes, ingenios, construcción del ferrocarril, chacras de colonos, misiones religiosas y reducciones estatales60.

La relación asimétrica de fuerzas y la amenaza armada efectiva que se plantean en los casos mencionados se repiten de modo constante y encuentran sus máximos episodios de crueldad en masacres masivas como Napalpí en 1924, Zapallar en 1933 y Rincón Bomba en 1947, que componen un escenario de terror que deja huella aún hoy sobre las comunidades y, por lo tanto, sobre sus modos de resistencia.

En las últimas décadas, el corrimiento de la frontera agropecuaria tuvo un renovado impulso basado en la privatización de la tierra. Si en 1990 el Chaco aún tenía un 35 por ciento de tierras fiscales, en 2009 ese número llega apenas al 6 por ciento61.

En este marco, el área agrícola de las provincias del norte, entre ellas Chaco y Formosa, se duplicó entre 1988 y 2002. Este aumento de la superficie sembrada se debe fundamentalmente al apogeo de la soja, generando a su vez la “necesidad de desmontar” grandes extensiones de bosques para implementar su cultivo, y produciendo una revalorización de la tierra producto de la llegada de capitales inversores nacionales y extranjeros que coloca en una situación de extrema debilidad a las comunidades indígenas que viven en esas tierras, ante la posibilidad constante de desalojos62.

En el mismo sentido, Darío Aranda remarca, citando un informe de evaluación del cumplimiento de la Ley de Bosques, que entre 2008 y 2011 se desforestaron casi un millón de hectáreas y que las provincias que encabezan el ranking son Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco63.

Como contraparte de esta situación de privatización de los territorios se encuentra la burocratización de los procesos de reconocimiento y entrega de tierras demandados por las comunidades. En muchos casos, las reparaciones simbólicas y reconocimientos discursivos son los que ocupan las estrategias estatales por sobre el reconocimiento efectivo de demandas territoriales.
La demanda por la dilación o negación en la entrega de títulos de propiedad comunitaria indígena, como así también por formas perversas de entrega de títulos individuales que después son fácilmente comprados por grandes empresarios terratenientes a escaso valor para anexar a sus campos sojeros, son algunos de los principales ejes en los reclamos de las organizaciones indígenas chaqueñas.

La problemática relación entre las organizaciones indígenas y el Estado tiene que ver –entre otras cosas- con los espacios de representatividad que habilita la agencia estatal. Las organizaciones indígenas de ambas provincias son múltiples. Sus nucleamientos se dan a partir de la organización por etnias o por referencia territorial y también organizaciones de segundo grado como el caso de la Federación Pilagá o espacios interétnicos que vienen dándose en los últimos años como el caso del Congreso de los pueblos indígenas, la QoPiWiNi (que reúne comunidades qom, pilagá, wichi y nivacle) o el Consejo Plurinacional Indígena donde las organizaciones de base se articulan en espacios más amplios. Muchas de estas instancias de segundo grado surgen a partir de los propios conflictos, como en el caso de la QoPiWiNi, el Consejo Plurinacional o la Marcha Multisectorial en Chaco.

Mediando entre las organizaciones indígenas y la agencia estatal aparecen los entes autárquicos provinciales, como el IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño), con sede en Resistencia, y el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) en Formosa.

El IDACH es un ámbito político de disputa que tiene un proceso eleccionario provincial interetnia (qom, mocoví y wichi) y que constantemente tiene tensiones por la cercanía o distancia de los dirigentes que acceden a los cargos con respecto a las demandas de las organizaciones indígenas y los gobiernos de turno.

En Formosa, el ICA funciona en la práctica boicoteando a las organizaciones de base que se oponen a las políticas estatales. Es así que, asociado al gobierno provincial a través del clientelismo, es uno de los principales opositores a las demandas de la Comunidad de La Primavera y de la Federación Pilagá, involucrándose en ambos casos en sus procesos eleccionarios y operando en contra del reconocimiento de las autoridades elegidas por las propias comunidades.

Conclusión.

En este artículo intentamos, brevemente, presentar algo de la diversidad y complejidad de los procesos de lucha por el acceso y reconocimiento al territorio, en una Argentina que atraviesa un proceso general de reprimarización de su economía y de corrimiento de la frontera agropecuaria en perjuicio de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Al presentar algunos casos específicos en las provincias del Chaco, Tucumán, Formosa y Neuquén, pretendemos ofrecer un recorte ampliable y contrastable con otros contextos semejantes en el país. Al observar estrategias e intersticios entre diversas organizaciones indígenas y diversas instituciones estatales, definimos esta “relación” conflictiva, consensuada, tensionada, autista, etc. como un espacio en pugna y constantemente redefinido.

La respuesta estatal se observa en un amplio abanico que va desde la abierta represión y violencia estatal o paraestatal, hasta algunos casos aislados de reconocimiento, pasando por la manipulación, sectorización, o burocratización del conflicto.

La cuestión de la propiedad de los territorios indígenas implica para el Estado un límite difícil de trasponer. Al referir a la propiedad privada, el Estado capitalista deja caer toda su estructura ideológica y simbólica para poner en tensión y redefinir los alcances y jerarquías que tienen los derechos de cada uno de los actores. Así, la cuestión territorial ingresa en un entramado burocrático en el que se promueve una “puesta en agenda” de la cuestión que finalmente, además de cumplir un rol de figura dilatoria, no permite plantear el conflicto en términos adecuados a las comunidades.

En este sentido, la aplicación de la Ley 26.160 y sus prórrogas puede tomarse como ejemplo de un proyecto que en la praxis no encontró su aplicación y que ya lleva 8 años de vigencia sin demasiados resultados.

La valorización de las tierras, ya sea por cuestiones agropecuarias, comerciales, inmobiliarias, turísticas o mineras, transforma la discusión sobre la legitimidad de la propiedad, ya que el discurso sobre la importancia del desarrollo económico “para todos” es llamado a superar al del reconocimiento de los Pueblos Originarios consagrado en la Constitución. Si bien la existencia y legitimidad de las comunidades trasciende el reconocimiento del Estado, su legalidad para discutir y reclamar públicamente sus derechos queda sujeta a la visualización o negación que las agencias estatales proponen como instrumentos de presión. Si un territorio es definido como “rico”, los pueblos indígenas desaparecen del campo visual del Estado, o reemergen en tanto opositores a un proyecto político que se expresa como étnicamente neutral y libre de mediatizaciones culturales.

En la cosmovisión de los pueblos originarios no existe el concepto de “desarrollo” entendido como proceso lineal, con temporalidad progresiva y acumulativa. También es problemático el concepto de riqueza o pobreza como acumulación o carencia de bienes materiales. Es lógico entonces que el discurso del desarrollo basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, que en el pensamiento occidental llega a niveles de hegemonía tales que la enfermedad o aun la muerte son vistos como “mal menor” en su búsqueda, no encuentre un piso de entendimiento común con el discurso indígena.

Uno de los tópicos recurrentes en los casos presentados en este artículo es la falta, por parte del Estado, de implementación de la consulta previa a las comunidades y/u organizaciones, ante el impacto posible de proyectos de desarrollo determinados. Si la consulta previa se convirtiera en una garantía de participación igualitaria, libre, informada y vinculante, tal como se define en el Derecho internacional, y si pudiera resguardarse un piso de interculturalidad, podría constituirse en algunas situaciones concretas en una herramienta propicia no sólo para la evitación de prácticas económicas destructivas para las comunidades y sus territorios, sino para la consolidación de una relación política más justa entre ellas y los Estados.

Como ya se dijo, la grieta producida entre la instancia de legislación y la de aplicación de la norma, conduce a un desbalance o “inversión” en la pirámide del poder del Estado, en la que los niveles locales a través de su ejercicio directo, condenan al derecho nacional común a una idealidad abstracta e impracticable. Las estrategias del movimiento indígena, entonces, suelen concentrarse en el señalamiento del incumplimiento por parte del Estado de sus propias obligaciones, aún tratándose de un Estado impugnado por su rol histórico.

A la vez, como señala Briones64, la transformación en los últimos años de los estilos de construcción de hegemonía cultural –contrastando con la permanencia de los marcos jurídicos del reconocimiento gestados en plena era neoliberal- ha producido una adhesión social particular que incluye a buena parte de las bases y dirigencias indígenas, y esto afecta tanto los términos del agenciamiento político indígena como sus formas de expresión.

Citas:

[1] http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-224987-2013-07-22

[2] En esta línea, el Censo Agropecuario de 2002 ya afirmaba que desde 1988 a esa fecha desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total), en tanto que se apreciaba una importante concentración de la tierra: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra, mientras que el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento. “http://www.indec.mecon.gov.ar/agropecuario/cna_defini2.asp

[3] Ver Carrasco Morita (comp.) 2000. Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. IWGIA y Vinciguerra, Buenos Aires.

[4] Briones, Claudia (ed) 2005. Cartografías Argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Ed. Antropofagia, Buenos Aires.

[5] A propósito del proceso de proletarización, no es un dato menor que la Conquista del Desierto (1879-1885) fue financiada por la Ley Nº 947 de 1878, que permitió que distintos miembros de las clases dominantes adquirieran bonos, válidos por determinada cantidad de leguas cuadradas, y que les serían otorgadas una vez se conquistaran los territorios indígenas. Es decir que millones de hectáreas ya tenían dueño aún antes del éxito de las campañas militares contra las comunidades indígenas y que en cierta medida, la Conquista del Desierto se trató de una empresa mixta. En suma, en relación con lo anterior, puede afirmarse que la expedición roquista terminó configurando la apropiación privada de las tierras y los cuerpos de los indígenas sometidos (Lenton Diana 2005. “De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina a través de los debates parlamentarios”. Tesis doctoral en Ciencias antropológicas, Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2005: pág. 85).

[6] Un análisis respecto de lo expuesto puede consultarse en Walter Delrio, Diana Lenton, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Alexis Papazian, Pilar Pérez 2010. “Del silencio al ruido en la Historia. Prácticas genocidas y Pueblos Originarios en Argentina”. Actas III Seminario Internacional Políticas de la Memoria Buenos Aires, 28, 29 y 30 de octubre de 2010. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

[7] Briones 2005 op. cit: 12. En rigor, Briones cita estos conceptos siguiendo a Barsh y a Assies, lo que nos obliga y ésta es la intención de la autora a pensar estos procesos en el marco de la globalización y el neoliberalismo, donde operan nuevas formas de hacer política que implican una transformación en las prácticas empleadas para controlar a las poblaciones. (Barsh Russel 1994 “Indigenous People in the 1990s: From Object to Subject of Internacional Law?”. Harvard Human Rights Jounal 7: 33-86; Assies William 2004, “Pluralismo, autodeterminación y autonomías”. Memorias del Cuarto Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, Quito, Ecuador).

[8] El ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios) se formó en 2009 con referentes indígenas de todo el país que rechazaban las políticas indigenistas de los últimos años, centradas en la atención de comunidades en carácter de poblaciones vulnerables, dentro del esquema de asistencia neoliberal. Algunos de sus miembros contaban con experiencia previa en otras organizaciones, mientras que otros iniciaron su aprendizaje político bajo esta consigna. La perspectiva de que la “unión” de los pueblos originarios bajo el liderazgo del gobierno nacional y con el objetivo de la lucha antiimperialista es una condición previa a la solución o disolución de los conflictos locales, se desarrolla en varios textos difundidos por ENOTPO, coincidentes con otro firmado por Daniel Fernández, Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que cuenta con varias versiones. Por ejemplo: Fernández Daniel 2014, “Identidad Nacional y Pueblos Originarios. Argentina: Nación o Plurinación”, VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Presente y tradición del pensamiento emancipatorio”, 7,8 y 9 de octubre de 2014, Buenos Aires. Ver también Melillán Matías 2010 “Articulación territorial de los Pueblos Indígenas”, en “http://argentina.indymedia.org/news/2010/08/747183.php..
Anteriormente, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) surgió en 2003 como organización política indígena capaz de coordinar y gestionar proyectos de desarrollo para los Pueblos Originarios en articulación con el estado nacional y los organismos de crédito multilaterales, particularmente el BID. En su conformación se destaca la trayectoria de militancia de varios de sus dirigentes en otras organizaciones más antiguas, más que su representatividad geopolítica. Su surgimiento tras la debacle del 2001 y lo que ello significó en términos de reformulación de la relación Pueblos Originarios-Estado se presentó como una “superación” de la escasa representatividad de los mismos por organizaciones a nivel nacional, en particular la Asociación Indígena de la República Argentina, surgida en 1975. Ver: Castro, Mora 2008 ¿Reconocimiento o Asistencialismo? Antropología de la Negociación de un Proyecto de Turismo Cultural Indígena con Financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas, UBA; Cuyul Andrés y Davinson Guillermo 2007, La Organización de los Pueblos Indígenas en la Argentina: el caso de la ONPIA, edición de autor, Buenos Aires. Sobre el quiebre del 2001 ver Lenton Diana y Mariana Lorenzetti 2005, “Neoindigenismo de necesidad y urgencia: la inclusión de los Pueblos indígenas en la agenda del Estado neoasistencialista”, en Briones 2005, op. cit.

Las celebraciones del Bicentenario, en mayo de 2010, impulsaron un sinnúmero de reagrupamientos y repercutieron en recreaciones de identidad ciudadana que aún no estamos en condiciones de evaluar. En relación al tema de este artículo, y estrechamente relacionado con la organización y gestión de una Marcha de Pueblos Originarios que partió en columnas desde el NOA, NEA y Sur del país hasta la Plaza de Mayo, surgió el Consejo Plurinacional Indígena, para aglutinar a los Pueblos que formaron parte de esta expresión política. Esta representación impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, la Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa logró una difundida y tensa reunión con la Presidente Cristina Fernández, así como otra manifestación simultánea, liderada por el ENOTPO y de corte celebratorio, logró lo propio. La reunión en Casa de Gobierno y la discusión que albergó la misma constituyó un evento que redirigió las posiciones ya críticas de los integrantes del Consejo Purinacional Indígena frente a la realidad macroeconómica nacional, por el sinceramiento de los principales conceptos del indigenismo oficialista que se produjo en dicha ocasión. A partir de allí, el Consejo Plurinacional se convirtió tal vez en el espacio a nivel nacional de representación originaria más crítico y activo respecto de las políticas estatales y los avances privados.
Por los días del Bicentenario, otro espacio, llamado del “Otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos”, procuró dejar sentada una postura más radicalizada, que si bien coincidía con el Consejo Plurinacional en la crítica global a la política indigenista complaciente con los modelos de explotación extractiva que avanza sobre los territorios indígenas, se diferenciaba del Consejo en su desconfianza tanto del reconocimiento de la Casa Rosada como interlocutor válido, como del apoyo a la Marcha de organizaciones -v. gr. la Túpac Amaru aliadas al gobierno en otros planos.
Estos dos espacios se nutrieron de otras expresiones surgidas luego de 2001, como la Mesa de Trabajo de Pueblos Originarios conformada durante las demandas de las organizaciones indígenas urbanas por la realización del Censo Nacional 2001 y su Encuesta Complementaria que impugnaban la posibilidad de hacer política indígena desde el estado indigenista.
Ver, por ejemplo,” http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-146102-2010-05-21.html;
http://www.comambiental.com.ar/2010/05/otro-bicentenario-por-un-pais-con.html: http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2002rest/2002oct/noticias6/foro28-11.html y http://www.lavaca.org/recuadros/el-debate-de-fondo/

[10] La distancia ideológica entre las organizaciones surgidas después de 2001 se manifestó con claridad durante la realización de la IV Cumbre de las Américas, conducida por la OEA en Mar del Plata en noviembre de 2005. Mientras algunas organizaciones convocaron a la III Cumbre de los Pueblos de América, que en la misma ciudad y frente a los mandatarios del continente expresó su rechazo tanto a las propuestas económicas como al mismo “concepto de pobreza promovido por la Cumbre” (cit. en “Construyendo alternativas. III Cumbre de los Pueblos de América”, publicación de la Autoconvocatoria No al ALCA, capítulo argentino de la Alianza Social Continental contra el ALCA, Buenos Aires: 8), otros colectivos indígenas concurrieron a la reunión denominada “Diálogo con la Sociedad Civil”, convocada por la Cancilería Argentina en Bs. Aires y que quedó en la memoria social como “la Contracumbre”.
Briones Claudia 2015. “Políticas indigenistas en Argentina. Entre la hegemonía neoliberal de los años noventa y la “nacional y popular” de la última década”. Antípoda Nº 21, Bogotá, enero-abril 2015: 21-48.

[11] Éstas son las comunidades de El Paso, El Bañado, Los Chañares, Colalao del Valle, Anjuana, Anchillos, Quilmes Centro, Quilmes Bajo, Rincón de Quilmes, Las Cañas, El Arbolar, El Pichao, Talapazo y El Carmen

[12] Pucci Roberto. 2007. Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966. Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico.

[13] Comunidad India Quilmes 2006. Los Quilmes contamos nuestra historia. Valle Calchaquí, Prov. de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas. San Miguel de Tucumán.

[14] Personería N° 34/90, otorgada por la Inspección General de Personería Jurídica de Tucumán (IGPJ).

[15] Personería N° 441.

[16] Tolosa Sandra 2014. “El diálogo incesante. Comunidad India Quilmes, construcción política y poder del estado”. Revista Colombiana de Antropología 50 (1): 55-81.

[17] Sosa Jorge 2007. “‘Ruinas’ de Quilmes. Historia de un despropósito” http://www.comunidadamaicha.org.ar/kilmes.pdf
El sitio arqueológico fue reconstruído con fines turísticos entre 1977-1980, durante la última dictadura militar, por convenio entre el gobierno provincial y la Universidad de Buenos Aires (Ver Pelissero Norberto y Horacio Difrieri 1981 Quilmes. Arqueología y Etnohistoria de una ciudad prehispánica. Tucumán, Gobierno de la Provincia-UBA; Becerra Florencia, Carolina Crespo, Victoria Pierini, Violeta Ramírez, Lorena Rodríguez, Bettina Sidy y Sandra Tolosa 2013 “Dinámicas de poder y saber en la reconstrucción de la Ciudad Sagrada de Quilmes (Tucumán 1977-1981).” Alteridades 23 (46): 67-77; Endere María Luz 2007 “The ‘Quilmes’s Ruins’. En Management of Archaeological Sites and the Public in Argentina. British Archaeological Reports, Oxford: 77-97).
En la década del 90 fue reactivado nuevamente por el empresario y usufructuado por éste en forma privada, con la construcción de edificaciones para hotelería y gastronomía en el mismo espacio arqueológico, con la consiguiente destrucción de sus estructuras.

[18] Expediente N° 135/02 “Comunidad India de Quilmes vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/amparo”

[19] Sobre el desalojo ver nota del 14 de diciembre de 2007: http://argentina.indymedia.org/news/2007/12/571919.php

[20] Decreto de la Fiscalía de Estado Nº 2731/1, 20 de julio de 2007.

[21] INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) 2008. Recomendación General nº 4 Contra la discriminación por privación de derechos a los pueblos Indígenas y sus integrantes. Buenos Aires, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: 33.

[22] El primero fue denunciado en 2008 por parcialidad manifiesta y discriminación ante la corte Suprema Tucumán. Sobre el segundo se inició un pedido de juicio político por incumplimiento de sus deberes y desconocimiento de la ley.

[23] CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y ODHPI (Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas) 2010. “Evaluación alternativa sobre el cumplimiento de la Convención Internacional Para La Eliminación De La Discriminación Racial en Argentina”. En el marco del Informe periódico consolidado (19 y 20) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 76º período de sesiones (15 de febrero al 12 de marzo de 2010).

[24] Las heridas de bala de goma en rostros de las mujeres que se encontraban resistiendo demuestran la alevosía con que se manejaron las fuerzas policiales y la gendarmería.

[25] Expediente 1938/2011, Juzgado Civil y Comercial de la II Nominación, Tucumán.

[26] Por la asociación ANDHES y el abogado Eduardo Nieva, cacique de la Comunidad de Amaicha.

[27] El cacique Chaile viene siendo reelecto desde hace aproximadamente dos décadas. Luego de la intervención violenta del sector “opositor”, una Asamblea convocada el 25 de enero de 2015 ratificó su mandato, aunque fue declarada por Santos como sin “NINGÚN VALOR y por lo tanto es INEFICIENTE, ILEGITIMA, IRRAZONABLE Y RIDÍCULA” (Comunicado de prensa de Santiago Santos, enero 2015, mayúsculas en el original).

[28] La Palta, 9/3/2015

[29] El Periódico de Tucumán, 25/10/2010

[30] Decreto N° 737/64, firmado por Felipe Sapag, ampliado y adecuado en sucesivas modificaciones hasta nuestros días.

[31] El INAI, a través del ReNaCi según Resolución 115/2012, dio personería a 17 comunidades Mapuche en Neuquén. Véase ttp://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197896/norma.htm. A su vez la provincia reconoce, según datos de 2002, unas 37 comunidades. Véase http://www.jusneuquen.gov.ar/index.php/component/content/article/52-legislacion/1106-11842002-comunidades-indigenas-reglamentacion.

[32] Falaschi, C. O; Sánchez, F y Szulc, A. 2005 “Políticas indigenistas en Neuquén: pasado y presente”. En: Briones 2005 op. cit.: 167-206.

[33] Este subtítulo hace referencia a la letra del Himno provincial (adoptado en 1991), compuesta por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel, que exalta la armoniosa fusión de lo mapuche y lo “nuevo”.

[34] Ver Sánchez Fernando 1999 “Cultura, política e identidad. La disputa por el reconocimiento de una comunidad mapuche en Neuquén”, VII Jornadas Interescuelas de Historia UNCO, sobre los desacuerdos sobre el status comunitario de Kaxipayiñ (Depto. Añelo), con personería jurídica reconocida por el gobierno nacional (ReNaCi) y sistemáticamente negada por la Provincia; también, ver el proceso descripto en la Resolución 470/2006 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre la resistencia del estado neuquino a reconocer a seis comunidades de la Zona Centro (Wiñoy Folil, Gelay Ko, Lonko Purrán, Maripil, Lefiman y Wiñoy Tayñ Rakizuam), las cuales contaban con la personería jurídica del INAI desde 2001. En todos los casos se trata de comunidades localizadas en territorios ricos en petróleo.

[35] Ver Lenton Diana 2008 “El aporte antropológico en un caso de evaluación de daño cultural”. VI Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, 28 al 31/10/2008, Bogotá.

[36] Por ejemplo, participan activamente en la acusación algunos miembros de ADELEY, una asociación de abogados “en defensa de la propiedad privada” conformada desde la Sociedad Rural provincial para “combatir” las “usurpaciones” mapuche.

[37] Esta polarización se extiende a todos los espacios de la provincia donde se visibilizan comunidades mapuche, pivoteando sobre diferentes conflictos reales o imaginarios y dando lugar a manifestaciones rayanas en lo grotesco, como la reciente marcha de la Legión Católica en San Martín de los Andes, acompañada por el intendente y otros funcionarios, que portaban consignas como “lo más importante es la propiedad privada” y en demanda de mayor represión, en este caso a la comunidad Paichil Antriao. Ver http://www.zumbido.com.ar/2015/03/quien-usurpa-que/

[38] Las veranadas son los territorios de trashumancia en la cordillera, habitados entre noviembre y abril. Se accede a los mismos siguiendo trayectos trazados por muchas generaciones. Sin embargo, el alambrado y el trazado de rutas ha complicado de forma sustancial el arreo de los animales. En los territorios de veranada las comunidades tienen a sus pobladores dispersos en diferentes espacios. En tal sentido, el territorio cobra forma desde y por la comunidad.

[39] Ver Papazian Alexis y Karinna González Palominos 2014 “Territorios fragmentados. Agencia y trayectorias de lucha de una Comunidad Mapuche trashumante”. VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria, Presente y Tradición del Pensamiento Emancipatorio. Centro Cultural Haroldo Conti, Buenos Aires.

[40] Grossberg Lawrence 1992. We gotta get out of this place. Popular conservatism and postmodern culture. New York. Routledge; Ramos Ana 2010. Los pliegues del linaje. Memorias y políticas mapuche-tehuelche en contextos de desplazamiento, Buenos Aires, EUDEBA.

[41] Entrevista realizada el 06/01/2010 por Alexis Papazian en el puesto de veranada del lonko de la comunidad en Paso del Arco, Neuquén.

[42] Estos documentos mencionan a las familias Puel como habitantes afincados en la zona del lago Aluminé, en el actual paraje La Nevada. De igual manera mencionan a veranadores indígenas en la zona de Lonco Luan (hoy Comunidad Catalán). Estos parajes lindan con el territorio de veranada del Lof Tuwvn Kupalmeo Maliqueo. En la Dirección Provincial de Tierras de la Provincia de Neuquén (DPTN), en el expediente caratulado “Agrupación Indígena Puel” se encontró la existencia de un registro manuscrito fechado en 1928 en el cual figuran las “poblaciones” (familias) Bautista Puel y Juana María Curio, con sus respectivos hijos entre los que se menciona a Juana Puel, así como a la familia de Ignacio Maliqueo con sus respectivos hijos, entre los que se menciona a Juan Maliqueo, padre del actual lonko de esta comunidad (véase Papazian y González Palominos 2014 op. cit.).

[43] En el caso de la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo pudimos registrar las guías de veranada desde comienzos de la década del ‘60 hasta 2009. Este régimen de tenencia implica una precariedad en la ocupación territorial, sin embargo, permite una relación abierta capaz de agregar familias y “parientes” independientemente de la afinidad consanguínea (Ramos 2010 op. cit.; Papazian Alexis 2013 El Territorio también se mueve”. Relaciones sociales, historias y memorias en Pulmarí (1880-2006). Tesis de Doctorado por la Universidad de Buenos Aires).

[44] Esta situación implicó un cambio importante para varias familias mapuche que fueron “corridas” de forma violenta por aquel “primer poblador” (González Palominos, Karinna y Papazian, Alexis 2011 Entre travesía y veranada: Relevamiento Histórico Antropológico de la Comunidad “TuwunKupalmeoMaliqueo”. Buenos Aires, en prensa; Papazian y González Palominos 2014 op. cit.).

[45] Véase Exp. 12-RR-14-47/30 en la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Neuquén (DPCN). Este expediente de catastro da cuenta de la conformación de la Estancia La Nevada en favor de Francisco Withworth en el año 1926.

[46] Expediente 12-RR-14-47/30 y ss. de la DPCN.

[47] El interdicto de recobrar es un procedimiento sumarísimo previsto en el artículo 614 y siguientes del Código Procesal Civil. Constituye una medida policial urgente y segura, que se acuerda para obtener la restitución de la cosa quitada. Este procedimiento ha sido ampliamente elegido por los poderes locales asociaciones de productores, terratenientes e inversionistas turísticos o inmobiliarios en contra de comunidades mapuche y aceptado por los juzgados civiles, pues no se discuten cuestiones de fondo.

[48] A la violencia innecesaria, se sumó la destrucción/apropiación de bienes y herramientas de trabajo de la comunidad, además de que la envergadura del operativo no tenía relación con la única presencia de una mujer anciana. La fuerza utilizada contra ella fue, probablemente, una señal de lo que se vendría: un periodo de criminalización y persecución judicial que involucró a miembros de varias comunidades y a líderes de la CMN.

[49] En el mismo expediente constan las afirmaciones ofensivas del ex juez: “(…) los usurpadores levantaron unas chozas (…) colocando una bandera extranjera como es la bandera mapuche (…) ya no es la historia de la veranada que también es una superchería (…) la mala fe del supuesto Lonco (…) se ha apoderado del resto del inmueble y ha colocado carteles que dicen es propiedad de la supuesta Comunidad que ha inventado (…)”. Véase Sentencia: DUARTE PEDRO CONTRA CLALEO SILVIA Y OTROS S/INTERDICTO”. Expte. N° 7061, Año 2009, Secretaría N° 1, Juzgado Civil de Zapala.

[50] La Red Agroforestal Chaco Argentina informa una gran diversidad de conflictos territoriales cuyas víctimas son pueblos originarios y campesinos de nuestro país. Ver “Tercer Informe Conflictos sobre la Tenencia de la Tierra y Ambientales en la Región Chaqueña Argentina”, REDAF 2013.

[51] “Advertencia sobre la inejecución de las leyes nacionales Nº 26.160 y 26.554 de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena”. En http://www.endepa.org.ar/documentos/INFORME%20LEY%2026160.pdf

[52] Aranda Darío. “Otra avanzada sobre los territorios”. Diario Página 12. 6 de diciembre de 2010. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-158146-2010-12-06.html

[53] Para el caso Adriani-Berdún, ver:
http://argentina.indymedia.org/news/2010/03/726835.php
http://chacodiapordia.com/noticia/47675/foro-por-la-tierra-denuncia-irregular-proceder-policial-y-judicial
http://redaf.org.ar/pampa-del-indio-fueron-liberados-aborigenes-acusados-injustamente-por-resisitirse-a-la-usurpacion-de-sus-tierras
http://www.diarionorte.com/article/51049/pediran-el-juicio-politico-contra-la-fiscal-que-ordeno-el-desalojo-en-pampa-del-indio

[54] Musante Marcelo “Controlar y castigar. Las reducciones estatales para indígenas como sistema de disciplinamiento”. VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Centro Cultural Haroldo Conti. 2014.

[55] Ver Mapelman Valeria 2010 “Octubre pilagá”. Documental. Buenos Aires; Mapelman Valeria y Musante Marcelo 2010 “Campañas militares, reducciones y masacres. Las prácticas estatales sobre los pueblos originarios del Chaco”. En Historia de la crueldad argentina: Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Osvaldo Bayer coord., Diana Lenton ed., Ed. El Tugurio, Buenos Aires: 105-130.

[56] Slagter Diego. “Presiones de Gendarmería Nacional a comunidad indígena Pilagá”. En http://argentina.indymedia.org/news/2010/08/745213.php. Sobre el proceso de recuperación de la tierra se puede ver el documental “PENQOLÉ. Legítimamente Indígenamente” de Diego Slagter y Juan Carlos Godoy. En https://www.youtube.com/watch?v=F6xxwT7U6ns

[57] La historia y actualidad del conflicto puede verse en http://comunidadlaprimavera.blogspot.com.ar

[58] Carta Abierta a la Presidenta por represión y muerte de miembros del Pueblo Qom. Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina. http://argentina.indymedia.org/news/2013/01/830327.php

[59] Sobre el importante y complejo rol desempeñado por Félix Díaz desde el inicio del conflicto y sobre los discursos mediáticos generados a su alrededor, se recomienda el texto de Lorena Cardin y Axel Lazzari “Quién le teme a Félix Díaz” en Revista Anfibia http://www.revistaanfibia.com/ensayo/quien-le-teme-felix-diaz/

[60] Musante Marcelo 2009. “La construcción del territorio chaqueño como parte de un proceso genocida”. “ “http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/111/la_construccion_del_territorio_chaquenio_como_parte_de_un_proceso_genocida.html. ISSN 1851-3263

[61] Nota publicada por Alejandra Dandan en Página 12, “Tierra Arrasada”
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-105270-2008-06-01.html

[62] Daniel Slutzky. Situaciones problemáticas de tenencia de la tierra en Argentina. Ministerio de Economía y Producción, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario. PROINDER. 2008

[63] Dario Aranda, “La década extractiva” en http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html

[64] Briones 2015 op.cit.

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